La Vivienda I (ojo, muy largo)
Publicado: 05 Mar 2003 19:47
Aquí va este post sobre la vivienda. Lo que narro es real, lo he vivido de primera mano, y está ocurriendo hoy en día. seguro que conoceis otros ejemplos similares. Sólo intento confrontar una situación real, kafkiana e injusta, con la percepción que del tema de la vivienda tratan de imponernos los políticos. Ellos conocen el origen del problema de la vivienda, pero se empeñan en que culpemos a cualquiera menos a la actual ley del suelo: especuladores, inmigrantes, crecimiento económico, convergencia (agh!) con el resto de Europa occidental, bajada de la Bolsa, bajada de los tipos de interés, dinero negro...TODO menos la verdadera causa del problema: los ayuntamientos actúan como señores feudales, haciendo y deshaciendo a su antojo en cuestiones inmobiliarias, haciendo uso del suelo para su lucro institucional (y personal) de un modo no muy ajeno a la filosofía implícita en el derecho de pernada: si quieres casarte, el duque descirga a tu esposa = si quieres construir, dale la correspondiente "mordida" al alcalde y los concejales correspondientes, amén de pagar las preceptivas licencias y hacerte cargo de los gastos de urbanización (que deberían ser materia del presupuesto consistorial).
Bueno, vamos allá:
Ahora que para comprarse una vivienda hay que prácticamente vender el alma al diablo, me sorprende comprobar cómo en esta cuestión, al contrario que en otras muchas de interés público, no hay ningún partido político que aborde el núcleo primigenio del asunto.
Todos los partidos, y cuando digo todos es todos, sorprendentemente coinciden en no decir una palabra sobre el verdadero origen del encarecimiento de la vivienda. Ni gobierno, ni oposición, ni partidos regionales o nacionalistas, nadie ha propuesto, y ni siquiera mentado, la posibilidad de considerar un cambio de la ley actual.
Naturalmente, cada uno de ellos aporta su teoría de por qué la vivienda es un lujo inaccesible, y es en cada caso la teoría que más le conviene.
El Gobierno afirma, como era de esperar, que la buena situación económica posibilita que la demanda de viviendas aumente, y con ella los precios. Si bien es cierto que la economía española -altibajos aparte, y tomada en conjunto- atraviesa sus mejores momentos. Sin embargo, el crecimiento económico también ha posibilitado por ejemplo una mayor demanda de automóviles nuevos, y el precio de los automóviles, sin embargo, no se ha disparado.
También aduce el Gobierno, con cierta mala baba, que la inmigración incrementa la demanda de casas. Por lo general (no siempre) los inmigrantes no compran, sino que alquilan, y viviendas del más bajo precio. Siguiendo con el ejemplo anterior, los inmigrantes compran muchísimos vehículos usados, pero eso no ha hecho subir el precio ni de los usados ni de los nuevos.
Ambos argumentos tienen una pequeña parte de verdad: mejor situación económica y aumento de población significan un crecimiento de la demanda. Con la demanda, crecen los precios. Pero, ¿explican estos factores una explosión de precios tan continuada y espectacular? Además, hay un hecho que el Gobierno se empeña obstinadamente en olvidar, y que, por desgracia, la oposición no se molesta en recordarle: la escalada de precios se inició hace ya años, cuando la inmigración era tan inapreciable, que a efectos macroeconómicos era prácticamente inexistente, y cuando la coyuntura económica era menos favorable a la compra de viviendas. Por lo tanto, ¿tienen realmente un gran peso estos factores, o son simplemente una excusa del ejecutivo para desviar su responsabilidad?
La oposición no es mucho menos irresponsable en esto. Para ellos, el origen del aumento de precios está en que existen gran cantidad de viviendas desocupadas en manos de los "especuladores", que, si salieran al mercado de compra o alquiler, provocarían una bajada de precios. También esto es una verdad a medias: la izquierda, como de costumbre, culpa al capitalista acaparador. En esto el Gobierno le ha seguido la corriente (se ponen de acuerdo en algo! sospechoso, ¿no?) llegando incluso a amenazar con penalizar fiscalmente a los propietarios de viviendas desocupadas. Pero, ¿realmente es ésto lo que traba la oferta de viviendas libres? Sólo en parte, o para ser más exactos, sólo en una pequeña parte. Además, ¿por qué no penalizar a las familias que tienen algún automóvil que casi nunca usen, o un tocadiscos metido en el armario? ¿bajaremos así el precio de todo? Es como mínimo discutible.
De todos modos, no son las viviendas desocupadas las responsables de la situación. Está bien que así razonen los okupas (lo de "razonar" entre comillas, claro), pero, ¿es serio que este planteamento lo hagan de la manita el Gobierno y la oposición? Bueno, antes de responder, sigamos adelante.
Los economistas plantean varios motivos por los que la vivienda es tan cara. Por ejemplo, los tipos de interés son muy bajos, con lo que los créditos hipotecarios son más asequibles. El ciudadano pide más créditos, compra más viviendas, aumentando la demanda y los precios. Pero no sólo se compran más casas: se compra más de todo, y no todo ha sufrido el mismo aumento de precios.
También se argumenta el mal momento de la bolsa de valores, que desvía inversiones desde la bolsa hacia "el ladrillo" (más demanda) y el masivo blanqueo de dinero por la desaparición de la peseta. A ello se une la tendencia de los españoles a comprar en lugar de alquilar, contrariamente a lo que ocurre en otros países europeos.
"Un momento" - nos dirá el economista - "lo que ha disparado los precios no es el simple aumento de la demanda, sino la insuficiente oferta para satisfacer esa demanda". Nos acercamos a la verdad. ¿Qué es lo que causa la insufucuencia de la oferta?
Nos dicen los economistas que existe una "burbuja inmobiliaria", no sólo de la venta, sino también de la construcción. Se construye mucho, pero no lo suficiente como para copar el mercado. ¿Por qué? ¿falta de inversores o iniciativa empresarial de los constructores? Ya hemos visto que no, la construcción es una de las inversiones predilectas en el momento actual. ¿Falta de mano de obra? La inmigración ha resuelto en gran parte ese problema. ¿Falta de materiales? Obviamente no.
¿Qué es lo que falta...? Pues, muy sencillo: ¡falta suelo!
La ley del suelo. Ese es el quid de la cuestión. En España, el suelo pertenece a los Ayuntamientos. Esa es la realidad. Los Ayuntamientos deciden quién construye, dónde, y por cuánto. Si el Ayuntamiento quiere, se construye, y si no, no se construye. Es así en toda España, con lo que los Ayuntamientos ejercen, en la práctica, un verdadero monopolio del suelo urbanizable. Y ya se sabe, cuando alguien tiene una materia prima en monopolio, decide por sí solo a qué precio se vende. Y esta es una vía de financiación fundamental para cualquier consistorio de España.
Y lo peor: para que usted, señor constructor, pueda erigir viviendas, necesita la autorización del alcalde y concejal de turno. Si el alcalde no le estampa su firma, usted no estará autorizado a construir. Y los alcaldes y concejales han aprendido que, para dejarse convencer, no hay nada como pedir una pequeña compensación. Así, si usted, señor constructor, quiere construir, vaya separando unas pesetillas (en negro, por descontado) para untar convenientemente al señor Alcalde y compañía. ¿Estamos hablando de soborno? ¡bingo! Es algo bien sabido que, para que un Ayuntamiento firme una autorización, los "maletines" vuelan...todo el mundo lo sabe, en toda España. Es una práctica común.
¡Cáspita! ¿Por qué no denuncian ésta situación el PSOE, IU; PNV, CIU, e incluso Euskal Herritarrok, o el PP cuando no gobernaba? Muy sencillo: PORQUE TODOS PRINGAN. Todos los partidos, quien más y quien menos, gobiernan en cierto número de ayuntamientos. Y todos se llevan su parte del pastel: populares, socialistas, izquierda unida, nacionalistas vascos, catalanes, gallegos, andaluces, canarios, valencianos, aragoneses, baleares...TODOS. Es algo plenamente asumido que cuando alguien es Alcalde o concejal, especialmente en zonas solicitadas por las constructoras, va a engordar sus bolsillos a base de estampar su firma. Es un sobresueldo completamente ilegal, pero es el pan nuestro de cada día, sobre todo en zonas de rápido crecimiento demográfico o turístico.
Y, por descontado, ningún partido político denuncia la situación. Salvo PP y PSOE, los partidos no pueden aspirar a la Moncloa, pero sí a consistorios municipales, y se benefecian del estado actual de las cosas tanto como los dos partidos mayoritarios.
La ley del suelo, en principio, parece pensada para proteger el paisaje, el medio ambiente, etc. Se trataría de evitar que las constructoras destrocen espacios naturales edificando donde les plazca. Algo similar a la ley de costas, que supuestamente tiene el objetivo de proteger las playas de la voracidad inmobiliaria. De este modo, cada Ayuntamiento pude proteger sus espacios naturales o paisajísticos, teniendo la potestad de decidir dónde se construye y quién está autorizado.
Bueno, cualquiera que se dé una vuelta, por ejemplo, por la costa valenciana y alicantina (Cullera, Bnidorm, etc etc) comprobará que se construye sin criterio alguno de protección del paisaje o el ambiente. La ley del suelo no protege absolutamente nada. Los únicos espacios protegidos son aquellos legalmente declarados como tales, en los que, bajo ninguna legislación del suelo, se podría construir. Es decir, si por ejemplo La Albufera está declarada Espacio Natural protegido, no se puede construir en ella ni con la actual ley del suelo, ni con otra que pudiera sustituir a la actual.
Si hubiese una nueva ley del suelo que permitiese a las constructoras edificar donde quieran, los espacios protegidos serían exactamente los mismos que ahora. Ahora las constructoras, de hecho, pueden construir en prácticamente cualquier lugar, sólo que, en vez de decidir ellas dónde, lo deciden los ayuntamientos. Y los Ayuntamientos -aquí está la paradoja- dejan a las constructoras edificar donde ellas quieren a cambio de una buena cantidad de dinero, con sus correspondientes sobornos.
En resumen, la actual ley del suelo sólo protege aquellos espacios en los que BAJO NINGUNA LEY SE PODRÍA CONSTRUIR. Si cambiasen la ley, el paisaje no notaría demasiado la diferencia, sólo que los alcaldes y concejales perderían la oportunidad de amasar pequeñas fortunas de manera irregular.
"Bueno" - podría decir alguien- "la situación podría ser peor, si se deja a las constructoras edificar a su libre albedrío, los edificios crecerían como setas y se cargarían todos los rinconces atractivos que aún quedan. Es mejor que las cosas queden como están". Entiendo el razonamiento y lo comparto en parte, pero voy a tratar de argumentar que la situación difícilmente podría ser peor, y voy a hacerlo con hechos reales. Lo que voy a relatar está ocurriendo hoy mismo, es completamente irrefutable, dado que yo estoy ahí y lo veo día a día. Una ley que, en teoría, "protege" el medio ambiente, en realidad perjudica al medio ambiente, a las familias trabajadoras que no se pueden defender, y a las personas que quieren comprar una vivienda y no pueden.
Un pequeño pueblo de la provincia de Valencia, pero con un amplio término municipal. Situación privilegiada: relativamente bien comunicado, tranquilo, rodeado de pinares, cercano a Valencia. En sus alrededores hay multitud de pequeñas urbanizaciones donde tradicionalmente veranean familias trabajadoras de la capital, pero, en general, el paisaje y el ambiente han estado bien conservados. El resto del territorio que quedaba por construir se divide en varios tipos: montaña, que pertenece legalmente al municipio, pero que en principio no puede ser tocado; campos de cultivo (naranjos y secanos principalmente) y algún pequeño polígono industrial, terrenos que pertenecen desde hace décadas a las diversas familias autóctonas del pueblo; y numerosas parcelas pequeñas, propiedad también de los lugareños, y de diversas familias trabajadoras de la capital, que han invertido allí sus ahorros de toda la vida con la ilusión de construir un chalet para sus hijos, o sencillamente revenderlas cuando se hayan revalorizado o les haga falta el dinero.
Algunas de esas parcelas son "urbanas", es decir, que aunque estén en pleno campo, sus propietarios pueden solicitar licencia para construir una casita, a cambio de estar pagando impuestos urbanos a lo largo de los años. Otras, la mayoría, son "rústicas", no se puede construir en ellas, pero pagan menos impuestos.
Casi todas ellas pertenecen a familias modestas, y generalmente las han adquirido a costa de un considerable esfuerzo, como una forma de invertir sus ahorros en algo seguro.
Muchas de esas familias, además, aprecian realmente el lugar: su tranquilidad, la cercanía del monte, el contacto con la naturaleza. Planean construir casas para su retiro o para sus hijos en esos terrenos, para que puedan disfrutar de la paz del lugar.
Pero nada es eterno: el actual alcalde (al que no creo que le quede mucho en el cargo, pero que se ha asegurado bien su retiro) y sus concejales, han repartido licencias de construcción a destajo, pero no entre los propietarios de las tierras, sino entre empresas constructoras que han echado el ojo al lugar. Se está construyendo febrilmente, y hay planeadas diversas urbanizaciones de lujo, junto con estructuras de ocio también de lujo, y calles y carreteras allí donde hasta ahora estaba el campo y los pinos. En el pueblo todos se conocen desde niños, muchos están emparentados entre sí, y se sabe a ciencia cierta que a cambio de conceder estas licencias para mastodónticos planes de construcción, el alcalde y algunos concejales se han enriquecido recibiendo sobornos. El alcalde, que dejó su profesión hace tiempo, es ahora un hombre rico, a base de estampar su firma para autorizar a las constructoras.
Pero, ¿qué terrenos ha autorizado a edificar a cambio de esos sobornos? Precisamente los terrenos más apetecibles, que, curiosamente, no pertenecen al ayuntamiento, sino que tradicionalmente son propiedad de vecinos y veraneantes, todos ellos -vuelvo a insistir- familias por lo general modestas.
Entonces, si son tierras que legalmente pertenecen a particulares, ¿cómo puede el ayuntamiento autorizar a las constructoras a edificar allí? ¡Con la Iglesia hemos topado!
La ley autoriza a los ayuntamientos a expropiar el 100% de los terrenos particulares en caso de resultar necesarios para obras de interés público: autopistas, ferrocarriles, pantanos. Pero, ¿es una urbanización de
lujo, o un campo de golf, una obra de interés público? Naturalmente no, y por tanto el ayuntamiento no puede expropiar el 100% del terreno.
Pero, y atención a la jugada, al no ser una obra de interés público, la ley autoriza al ayuntamiento a expropiar hasta un 45% del terreno. En otras palabras: si una familia es propietaria de un terreno cualquiera en el que planease levantar un chalet o simplemente plantar tomates, en cualquier momento le puede ser expropiado casi la mitad del terreno, para ser cedido a una constructora que edificará el chalet para otros, amén de destrozar el paisaje circundante.
Naturalmente, toda expropiación es indemnizada económicamente. Pero no termina aquí la cosa. Como en el lugar se van a construir viviendas o servicios, la ley obliga a "urbanizar" todo el terreno: construir alcantarillas, aceras, calles, proporcionar agua corriente y luz eléctrica, etc etc.
Aquí está lo más grave de todo el asunto: al propietario le han expropiado el 45% de su terreno. Pero el 55% que le queda, debe ser "urbanizado" dado que va a quedar en medio de la zona de viviendas. Si el terreno no tenía agua ni luz, ahora debe tenerlas. Si no habían aceras, asfalto, o señales, ahora deben haberlas. ¿Y quién ha de correr con los gastos de esta "urbanización"? ¡El propietario! ¡así es la ley!
Y pueden ocurrir dos cosas, igualmente injustas, e igualmente sangrantes y vergonzosas:
a) Si el terreno ya estaba declarado como "urbano" (es decir, el propietario pagó de su bolsillo la calificación de urbanizable, y pagó puntualmente los impuestos correspondientes a lo largo de los años), ¿necesita acaso "urbanizar" y afrontar los gastos que conlleva? ¿no ha estado pagando impuestos precisamente por que era urbano? ¿alguien le va a devolver los impuestos y permisos que pagó a lo largo del tiempo por el 45% expropiado? ¿es justo que, después de pagar la recalificación y los impuestos, se le pueda expropiar el 45% como a alguien que tiene un terreno rústico y no ha pagado los mismos impuestos?
b) Si el terreno era rústico,es decir, no urbano, además de los gastos de urbanización del 55% no expropiado, el propietario debe afrontar la recalificación de ese 55%, ya que ese terreno restante no puede permanecer rústico en mitad de una zona urbanizada. Si el propietario no puede afrontar los enormes gastos que todo eso conlleva, el 55% restante le es también expropiado, es decir, que como no tenga una economía saneada, se quedará sin ninguna tierra en absoluto. (una parcela corriente, no demasiado grande, conlleva unos gastos de recalificación que pueden rondar fácilmente los 20 millones de pesetas, 120.000 euros, o más).
O sea que la secuencia de acontecimientos es esta:
-Las constructoras solicitan una licencia de obras.
-Para que el alcalde y concejal correspondiente accedan a conceder esas licencias, las constructoras les sobornan.
-El ayuntamiento concede entonces las licencias, y la constructora las paga.
-El ayuntamiento expropia los terrenos a sus antiguos propietarios, el 45% si es para edificar casas o serevicios, y el 100% si es para una carretera por ejemplo.
-Todo el terreno no expropiado debe ser urbanizado.
-Los gastos de la urbanización y/o recalificación de cada metro cuadrado corren a cargo de su propietario.
-Si el propietario no puede afrontar esos gastos, se le expropia el terreno que aún le quede.
Un ejemplo nada atípico de lo que puede ocurrir: si un trabajador había comprado una parcela de 1000 metros, parta contruir en el futuro un chalet de 200 metros con 800 metros de jardín (por ejemplo), le expropian 450 metros. En lo que le queda, si construye ese chalet de 200 metros, ¡ya sólo le quedan 350 metros para el jardín! Y eso suponiendo que pueda afrontar los gastos de urbanización y recalificación (en su caso, varios millones de pesetas, cerca de 20), porque si no, le expropian los 550 metros que aún le quedan. En definitiva, si el sueño de su vida era construir un bonito chalet para sus hijos, el sueño de su vida se ha ido por el retrete.
En aquél rústico lugar en el que soñaba levantar una casita, ahora se elevará una urbanización de lujo, en donde vivirán otros, en cuyos jardines jugarán los hijos de otros, y cuyo paisaje ya no podrá reconocer. Todo ello, porque su alcalde (a quien probablemente conoce personalmente) así lo ha autorizado. El alcalde se hace rico, las constructoras se hacen aún más ricas, los nuevos habitantes del lugar (que de nada tienen la culpa) disfrutarán de su nueva vivienda, edificada sobre una tierra que anteayer perteneció a otro.
Y eso sin tener en cuenta las implicaciones emocionales: terrenos comprados con el treabajo de una vida, o heredados de los padres o los abuelos, en donde quizá el propietario jugó de niño, donde soñó vivir al jubilarse, o donde, quién sabe, quizá enterró las cenizas de algún familiar. Todo ello, que es todo lo que constituye la vida y el bienestar de una persona, queda arrasado por "la ley".
Esta es la ley que tenemos. Esta es la ley que el PP, con su mayoría absoluta y su liberalismo, no ha cambiado ni piensa cambiar. Esta es la ley que el PSOE, con sus ínfulas de progreso y con su mayoría absoluta no cambió en su día, ni piensa proponer que se cambie, ni cambiará . Esta es la ley que IU, la amiga de los trabajadores, no denuncia ni piensa denunciar. Esta es la ley que ni PNV, ni CIU, forzarán a cambiar para poner en evidencia su superioridad moral sobre el autoritario estado español. Esta es la ley que nadie denuncia, que nadie modificar, que a todos conviene. Porque TODOS GOBIERNAN, todos tienen ayuntamientos en su poder, todos se enriquecen con esto.
¿En qué partido, en qué ideología se puede creer y confiar al contemplar algo así? Es sonrojante, indignante, repugnante, contemplar la manera en que todos se ponen de acuerdo para callar, en que van de la mano y olvidan sus ideologías y cantinelas cuando todos maman del mismo biberón.
El PP presume de liberal, de creer en el libre mercado. Entonces, ¿por qué no aplican lo que dicen? Que haya un libre mercado: que se proteja aquellos paisajes que quepa proteger, y que dejen el resto para que construya quien quiera o pueda. Así, el propietario de ese terreno de 1000 metros, en el que DE TODAS MANERAS SE VA A CONSTRUIR, no se verá expropiado, asaltado, robado. Si la avariciosa constructora quiere edificar en su terreno, QUE LE HAGA UNA OFERTA, y que el propietario la pueda aceptar o rechazar, si cree que vender su terreno le compensa.
El PSOE e IU presumen de estar al lado de los trabajadores. Entonces, ¿por qué no denuncian todo ésto? ¿por qué se le puede expropiar a un ciudadano modesto para construir lugares de lujo para otros más afortunados?
En este pueblo del que hablo, está uno de los últimos pastores de ovejas tradicionales que quedan en la zona, si no el último. No cría sus ovejas en saturadas e inhumanas granjas, sino que las saca diariamente a pastorear por el campo, con lo que los animales viven mejor y más felices, y su carne es mejor y más sana para el consumo. Pronto tendrá que dejar su viejo oficio, cuando en el paraje en que pastorea su rebaño hayan chalets y carreteras.
¿Dónde están los progres, los amigos de las causas perdidas? ¿no nos llenamos la boca con la ganadería natural, con la agricultura ecológica, con la belleza de los paisajes y la necesidad de que existan árboles? Yo sigo atentamente las noticias relacionadas con este asunto, y no veo las denuncias, no leo los artículos, casi nadie dice nada.
Por supuesto, cuando se disparan los precios de la vivienda nos llevamos las manos a la cabeza y le buscamos mil y una explicaciones. Bueno, es muy simple, ¿queremos que baje el precio? Entonces, hagamos bajar el precio del suelo. Y el suelo es caro, porque los ayuntamientos hacen con él lo que quieren, y para construir hay que pagar el metro cuadrado de terreno, acompañado de sus correspondientes sobornitos.
Conozco muchas personas que podrían haberse construido una casa, y ya no van a poder. Ahora van a tener que comprar o alquilar una a alto precio, y entrar a formar parte de la demanda.
Todo esta historia no es más que un ejemplo de cómo funcionan las cosas. No es una historia que alguien me haya contado, es algo que está sucediendo hoy y veo evolucionar día a día. Pondré otro ejemplo, igualmente real, y que, para evitar confusiones a los más despistadillos, no ha ocurrido bajo mandato popular sino socialista.
Una calle céntrica de la ciudad de Valencia, bien situada, cerca (para quien conozca la ciudad) de la calle Colón, es decir, una de las zonas en donde las viviendas son más caras. Allí hay un edificio de renta antigua, es decir, de gente que tiene alquiladas sus viviendas desde hace treinta, cuarenta, incluso cincuenta años, y que pagan un alquiler muy bajo -pues las leyes impiden subirles el alquiler más allá de una determinada cantidad. Viven en el edificio personas mayores en su mayoría, gente que residió allí "toda la vida", y un par de familias.
Comienzan a correr rumores de que el edificio va a ser declarado en ruinas, rumor que toma visos de realidad cuando unos inspectores del ayuntamiento lo examinan y declaran su mal estado. Se le hace una oferta de indemnización a los vecinos, oferta que, necesariamente, ha de ser aceptada por unanimidad. La oferta es baja, y aunque algunos de los vecinos, asustados, están dispuestos a aceptarla, otros, que ingenuamente creen que se respetarán sus derechos y se les indemnizará adecuadamente, se niegan. Al no haber unanimidad, la oferta no se hace efectiva, y es retirada. En ningún caso se plantea la posibilidad de mejorarla.
A algunos vecinos (generalmente los más jóvenes que aún trabajan y tienen mayores posibilidades de mudarse) se les indemniza "bajo cuerda" (verídico) para que abandonden el edificio sin crear mayores problemas. No conozco la cantidad exacta que se les dió, pero imagino que no sería mucho, y meses después fue un secreto a voces que aceptaron porque "alguien" les adelantó que el edificio iba a ser declarado en ruinas y que no había manera de evitarlo (¿realmente se sabe que una vivienda va a ser declarada en ruinas antes de que ocurra? parece ser que sí, por lo tanto, el Ayuntamiento y las constructoras no necesitan arriesgarse demasiado con las indemnizaciones: la cosa está ya decidida de antemano).
Otros vecinos, curiosamente las personas ancianas, no reciben esta "oferta" de "indemnización bajo cuerda". No sé exactamente a qué se debe esto, tal vez pensaban que las familias más jóvenes podían plantar más cara en los tribunales o incluso en los medios de comunicación y que era preciso convencerlas para que se marchasen de forma que luego no pudieran reclamar, mientras que los ancianos estaban más indefensos. Pero esto es sólo una especulación mía, no sé realmente el motivo y lo único que puedo hacer es imaginarlo. Lo cierto es que este "pago" irregular no le fue ofrecido a todos los vecinos, y sólo se supo después de terminado todo el asunto, porque algunos de los "beneficiarios" lo confesaron en "petit comitée".
Estas familias se marcharon, pero varios de los inquilinos permanecían en su hogar con la esperanza de que se les indemnizase adecuadamente, de manera que, si tenían que buscar otra vivienda y dejar aquella en la que estaban tan arraigados, al menos estarían económicamente respaldados.
Pero, una vez las familias más jóvenes se hubieron mudado, el edificio es declarado legalmente en ruinas. Ya no queda opción: los inquilinos están obligados a abandonarlo, la policía lo acordona por el peligro de derrumbamiento. Los vecinos tienen un corto plazo de tiempo para retirar sus pertenencias. Algunos muebles antiguos de gran tamaño o peso (por ejemplo, un piano) no pueden ser retirados, y sus dueños se ven obligados a abandonarlos (¿qué fue de ellos? ¿quién se los quedó? buena pregunta)..
Seguidamente, el edificio no es derruido ni nada por el estilo. Se le concede a una inmobiliaria licencia para remodelarlo, a “cambio” de que respete su fachada y refuerce la estructura. Así se hace: la fachada se limpia y restaura, la estructura del edificio es reforzada, se le instala un ascensor (que no tenía hasta entonces) y se remodelan las antiguas viviendas de renta antigua que ahora se han vendido como apartamentos de lujo, céntricos, bien situados en una calle “fashion”, y vendidos a precios astronómicos.
De todo esto, los únicos que no se benefician son los antiguos inquilinos, que han sido desplazados desde el centro a la periferia de la ciudad. A nadie en ningún partido del Ayuntamiento se le ocurrió, tras declarar la ruina, remodelar la estructura y devolver las viviendas a sus antiguos moradores, que no fueron desalojados por incumplir ningún pago, ni ningún impuesto, ni ninguna ley.
Vivimos pues en un país donde la propiedad privada no es respetada. Las propiedades pasan de unas manos a otras, exiguas indemnizaciones mediante, y el suelo no es tratado como cualquier otra posesión, es decir, según los criterios del mercado, o al menos, para los no mercantilistas, según los criterios de la ética. Ningún partido político está dispuesto a cambiar las leyes, cuando tratan el asunto lo hacen de manera tangencial, tendiendo siempre al electoralismo o la mera demagogia, pero jamás enfrentan la realidad de la ley, no cuestionan el núcleo fundamental de su funcionamiento. A lo más que llegan es a proponer penalizar fiscalmente a los propietarios de viviendas vacías que no salen al mercado, y en el caso de algún partido concreto, a ponerse del lado de los “okupas”, quienes no hacen sino transgredir también la propiedad privada.
(continuará, que os sea leve)
Bueno, vamos allá:
Ahora que para comprarse una vivienda hay que prácticamente vender el alma al diablo, me sorprende comprobar cómo en esta cuestión, al contrario que en otras muchas de interés público, no hay ningún partido político que aborde el núcleo primigenio del asunto.
Todos los partidos, y cuando digo todos es todos, sorprendentemente coinciden en no decir una palabra sobre el verdadero origen del encarecimiento de la vivienda. Ni gobierno, ni oposición, ni partidos regionales o nacionalistas, nadie ha propuesto, y ni siquiera mentado, la posibilidad de considerar un cambio de la ley actual.
Naturalmente, cada uno de ellos aporta su teoría de por qué la vivienda es un lujo inaccesible, y es en cada caso la teoría que más le conviene.
El Gobierno afirma, como era de esperar, que la buena situación económica posibilita que la demanda de viviendas aumente, y con ella los precios. Si bien es cierto que la economía española -altibajos aparte, y tomada en conjunto- atraviesa sus mejores momentos. Sin embargo, el crecimiento económico también ha posibilitado por ejemplo una mayor demanda de automóviles nuevos, y el precio de los automóviles, sin embargo, no se ha disparado.
También aduce el Gobierno, con cierta mala baba, que la inmigración incrementa la demanda de casas. Por lo general (no siempre) los inmigrantes no compran, sino que alquilan, y viviendas del más bajo precio. Siguiendo con el ejemplo anterior, los inmigrantes compran muchísimos vehículos usados, pero eso no ha hecho subir el precio ni de los usados ni de los nuevos.
Ambos argumentos tienen una pequeña parte de verdad: mejor situación económica y aumento de población significan un crecimiento de la demanda. Con la demanda, crecen los precios. Pero, ¿explican estos factores una explosión de precios tan continuada y espectacular? Además, hay un hecho que el Gobierno se empeña obstinadamente en olvidar, y que, por desgracia, la oposición no se molesta en recordarle: la escalada de precios se inició hace ya años, cuando la inmigración era tan inapreciable, que a efectos macroeconómicos era prácticamente inexistente, y cuando la coyuntura económica era menos favorable a la compra de viviendas. Por lo tanto, ¿tienen realmente un gran peso estos factores, o son simplemente una excusa del ejecutivo para desviar su responsabilidad?
La oposición no es mucho menos irresponsable en esto. Para ellos, el origen del aumento de precios está en que existen gran cantidad de viviendas desocupadas en manos de los "especuladores", que, si salieran al mercado de compra o alquiler, provocarían una bajada de precios. También esto es una verdad a medias: la izquierda, como de costumbre, culpa al capitalista acaparador. En esto el Gobierno le ha seguido la corriente (se ponen de acuerdo en algo! sospechoso, ¿no?) llegando incluso a amenazar con penalizar fiscalmente a los propietarios de viviendas desocupadas. Pero, ¿realmente es ésto lo que traba la oferta de viviendas libres? Sólo en parte, o para ser más exactos, sólo en una pequeña parte. Además, ¿por qué no penalizar a las familias que tienen algún automóvil que casi nunca usen, o un tocadiscos metido en el armario? ¿bajaremos así el precio de todo? Es como mínimo discutible.
De todos modos, no son las viviendas desocupadas las responsables de la situación. Está bien que así razonen los okupas (lo de "razonar" entre comillas, claro), pero, ¿es serio que este planteamento lo hagan de la manita el Gobierno y la oposición? Bueno, antes de responder, sigamos adelante.
Los economistas plantean varios motivos por los que la vivienda es tan cara. Por ejemplo, los tipos de interés son muy bajos, con lo que los créditos hipotecarios son más asequibles. El ciudadano pide más créditos, compra más viviendas, aumentando la demanda y los precios. Pero no sólo se compran más casas: se compra más de todo, y no todo ha sufrido el mismo aumento de precios.
También se argumenta el mal momento de la bolsa de valores, que desvía inversiones desde la bolsa hacia "el ladrillo" (más demanda) y el masivo blanqueo de dinero por la desaparición de la peseta. A ello se une la tendencia de los españoles a comprar en lugar de alquilar, contrariamente a lo que ocurre en otros países europeos.
"Un momento" - nos dirá el economista - "lo que ha disparado los precios no es el simple aumento de la demanda, sino la insuficiente oferta para satisfacer esa demanda". Nos acercamos a la verdad. ¿Qué es lo que causa la insufucuencia de la oferta?
Nos dicen los economistas que existe una "burbuja inmobiliaria", no sólo de la venta, sino también de la construcción. Se construye mucho, pero no lo suficiente como para copar el mercado. ¿Por qué? ¿falta de inversores o iniciativa empresarial de los constructores? Ya hemos visto que no, la construcción es una de las inversiones predilectas en el momento actual. ¿Falta de mano de obra? La inmigración ha resuelto en gran parte ese problema. ¿Falta de materiales? Obviamente no.
¿Qué es lo que falta...? Pues, muy sencillo: ¡falta suelo!
La ley del suelo. Ese es el quid de la cuestión. En España, el suelo pertenece a los Ayuntamientos. Esa es la realidad. Los Ayuntamientos deciden quién construye, dónde, y por cuánto. Si el Ayuntamiento quiere, se construye, y si no, no se construye. Es así en toda España, con lo que los Ayuntamientos ejercen, en la práctica, un verdadero monopolio del suelo urbanizable. Y ya se sabe, cuando alguien tiene una materia prima en monopolio, decide por sí solo a qué precio se vende. Y esta es una vía de financiación fundamental para cualquier consistorio de España.
Y lo peor: para que usted, señor constructor, pueda erigir viviendas, necesita la autorización del alcalde y concejal de turno. Si el alcalde no le estampa su firma, usted no estará autorizado a construir. Y los alcaldes y concejales han aprendido que, para dejarse convencer, no hay nada como pedir una pequeña compensación. Así, si usted, señor constructor, quiere construir, vaya separando unas pesetillas (en negro, por descontado) para untar convenientemente al señor Alcalde y compañía. ¿Estamos hablando de soborno? ¡bingo! Es algo bien sabido que, para que un Ayuntamiento firme una autorización, los "maletines" vuelan...todo el mundo lo sabe, en toda España. Es una práctica común.
¡Cáspita! ¿Por qué no denuncian ésta situación el PSOE, IU; PNV, CIU, e incluso Euskal Herritarrok, o el PP cuando no gobernaba? Muy sencillo: PORQUE TODOS PRINGAN. Todos los partidos, quien más y quien menos, gobiernan en cierto número de ayuntamientos. Y todos se llevan su parte del pastel: populares, socialistas, izquierda unida, nacionalistas vascos, catalanes, gallegos, andaluces, canarios, valencianos, aragoneses, baleares...TODOS. Es algo plenamente asumido que cuando alguien es Alcalde o concejal, especialmente en zonas solicitadas por las constructoras, va a engordar sus bolsillos a base de estampar su firma. Es un sobresueldo completamente ilegal, pero es el pan nuestro de cada día, sobre todo en zonas de rápido crecimiento demográfico o turístico.
Y, por descontado, ningún partido político denuncia la situación. Salvo PP y PSOE, los partidos no pueden aspirar a la Moncloa, pero sí a consistorios municipales, y se benefecian del estado actual de las cosas tanto como los dos partidos mayoritarios.
La ley del suelo, en principio, parece pensada para proteger el paisaje, el medio ambiente, etc. Se trataría de evitar que las constructoras destrocen espacios naturales edificando donde les plazca. Algo similar a la ley de costas, que supuestamente tiene el objetivo de proteger las playas de la voracidad inmobiliaria. De este modo, cada Ayuntamiento pude proteger sus espacios naturales o paisajísticos, teniendo la potestad de decidir dónde se construye y quién está autorizado.
Bueno, cualquiera que se dé una vuelta, por ejemplo, por la costa valenciana y alicantina (Cullera, Bnidorm, etc etc) comprobará que se construye sin criterio alguno de protección del paisaje o el ambiente. La ley del suelo no protege absolutamente nada. Los únicos espacios protegidos son aquellos legalmente declarados como tales, en los que, bajo ninguna legislación del suelo, se podría construir. Es decir, si por ejemplo La Albufera está declarada Espacio Natural protegido, no se puede construir en ella ni con la actual ley del suelo, ni con otra que pudiera sustituir a la actual.
Si hubiese una nueva ley del suelo que permitiese a las constructoras edificar donde quieran, los espacios protegidos serían exactamente los mismos que ahora. Ahora las constructoras, de hecho, pueden construir en prácticamente cualquier lugar, sólo que, en vez de decidir ellas dónde, lo deciden los ayuntamientos. Y los Ayuntamientos -aquí está la paradoja- dejan a las constructoras edificar donde ellas quieren a cambio de una buena cantidad de dinero, con sus correspondientes sobornos.
En resumen, la actual ley del suelo sólo protege aquellos espacios en los que BAJO NINGUNA LEY SE PODRÍA CONSTRUIR. Si cambiasen la ley, el paisaje no notaría demasiado la diferencia, sólo que los alcaldes y concejales perderían la oportunidad de amasar pequeñas fortunas de manera irregular.
"Bueno" - podría decir alguien- "la situación podría ser peor, si se deja a las constructoras edificar a su libre albedrío, los edificios crecerían como setas y se cargarían todos los rinconces atractivos que aún quedan. Es mejor que las cosas queden como están". Entiendo el razonamiento y lo comparto en parte, pero voy a tratar de argumentar que la situación difícilmente podría ser peor, y voy a hacerlo con hechos reales. Lo que voy a relatar está ocurriendo hoy mismo, es completamente irrefutable, dado que yo estoy ahí y lo veo día a día. Una ley que, en teoría, "protege" el medio ambiente, en realidad perjudica al medio ambiente, a las familias trabajadoras que no se pueden defender, y a las personas que quieren comprar una vivienda y no pueden.
Un pequeño pueblo de la provincia de Valencia, pero con un amplio término municipal. Situación privilegiada: relativamente bien comunicado, tranquilo, rodeado de pinares, cercano a Valencia. En sus alrededores hay multitud de pequeñas urbanizaciones donde tradicionalmente veranean familias trabajadoras de la capital, pero, en general, el paisaje y el ambiente han estado bien conservados. El resto del territorio que quedaba por construir se divide en varios tipos: montaña, que pertenece legalmente al municipio, pero que en principio no puede ser tocado; campos de cultivo (naranjos y secanos principalmente) y algún pequeño polígono industrial, terrenos que pertenecen desde hace décadas a las diversas familias autóctonas del pueblo; y numerosas parcelas pequeñas, propiedad también de los lugareños, y de diversas familias trabajadoras de la capital, que han invertido allí sus ahorros de toda la vida con la ilusión de construir un chalet para sus hijos, o sencillamente revenderlas cuando se hayan revalorizado o les haga falta el dinero.
Algunas de esas parcelas son "urbanas", es decir, que aunque estén en pleno campo, sus propietarios pueden solicitar licencia para construir una casita, a cambio de estar pagando impuestos urbanos a lo largo de los años. Otras, la mayoría, son "rústicas", no se puede construir en ellas, pero pagan menos impuestos.
Casi todas ellas pertenecen a familias modestas, y generalmente las han adquirido a costa de un considerable esfuerzo, como una forma de invertir sus ahorros en algo seguro.
Muchas de esas familias, además, aprecian realmente el lugar: su tranquilidad, la cercanía del monte, el contacto con la naturaleza. Planean construir casas para su retiro o para sus hijos en esos terrenos, para que puedan disfrutar de la paz del lugar.
Pero nada es eterno: el actual alcalde (al que no creo que le quede mucho en el cargo, pero que se ha asegurado bien su retiro) y sus concejales, han repartido licencias de construcción a destajo, pero no entre los propietarios de las tierras, sino entre empresas constructoras que han echado el ojo al lugar. Se está construyendo febrilmente, y hay planeadas diversas urbanizaciones de lujo, junto con estructuras de ocio también de lujo, y calles y carreteras allí donde hasta ahora estaba el campo y los pinos. En el pueblo todos se conocen desde niños, muchos están emparentados entre sí, y se sabe a ciencia cierta que a cambio de conceder estas licencias para mastodónticos planes de construcción, el alcalde y algunos concejales se han enriquecido recibiendo sobornos. El alcalde, que dejó su profesión hace tiempo, es ahora un hombre rico, a base de estampar su firma para autorizar a las constructoras.
Pero, ¿qué terrenos ha autorizado a edificar a cambio de esos sobornos? Precisamente los terrenos más apetecibles, que, curiosamente, no pertenecen al ayuntamiento, sino que tradicionalmente son propiedad de vecinos y veraneantes, todos ellos -vuelvo a insistir- familias por lo general modestas.
Entonces, si son tierras que legalmente pertenecen a particulares, ¿cómo puede el ayuntamiento autorizar a las constructoras a edificar allí? ¡Con la Iglesia hemos topado!
La ley autoriza a los ayuntamientos a expropiar el 100% de los terrenos particulares en caso de resultar necesarios para obras de interés público: autopistas, ferrocarriles, pantanos. Pero, ¿es una urbanización de
lujo, o un campo de golf, una obra de interés público? Naturalmente no, y por tanto el ayuntamiento no puede expropiar el 100% del terreno.
Pero, y atención a la jugada, al no ser una obra de interés público, la ley autoriza al ayuntamiento a expropiar hasta un 45% del terreno. En otras palabras: si una familia es propietaria de un terreno cualquiera en el que planease levantar un chalet o simplemente plantar tomates, en cualquier momento le puede ser expropiado casi la mitad del terreno, para ser cedido a una constructora que edificará el chalet para otros, amén de destrozar el paisaje circundante.
Naturalmente, toda expropiación es indemnizada económicamente. Pero no termina aquí la cosa. Como en el lugar se van a construir viviendas o servicios, la ley obliga a "urbanizar" todo el terreno: construir alcantarillas, aceras, calles, proporcionar agua corriente y luz eléctrica, etc etc.
Aquí está lo más grave de todo el asunto: al propietario le han expropiado el 45% de su terreno. Pero el 55% que le queda, debe ser "urbanizado" dado que va a quedar en medio de la zona de viviendas. Si el terreno no tenía agua ni luz, ahora debe tenerlas. Si no habían aceras, asfalto, o señales, ahora deben haberlas. ¿Y quién ha de correr con los gastos de esta "urbanización"? ¡El propietario! ¡así es la ley!
Y pueden ocurrir dos cosas, igualmente injustas, e igualmente sangrantes y vergonzosas:
a) Si el terreno ya estaba declarado como "urbano" (es decir, el propietario pagó de su bolsillo la calificación de urbanizable, y pagó puntualmente los impuestos correspondientes a lo largo de los años), ¿necesita acaso "urbanizar" y afrontar los gastos que conlleva? ¿no ha estado pagando impuestos precisamente por que era urbano? ¿alguien le va a devolver los impuestos y permisos que pagó a lo largo del tiempo por el 45% expropiado? ¿es justo que, después de pagar la recalificación y los impuestos, se le pueda expropiar el 45% como a alguien que tiene un terreno rústico y no ha pagado los mismos impuestos?
b) Si el terreno era rústico,es decir, no urbano, además de los gastos de urbanización del 55% no expropiado, el propietario debe afrontar la recalificación de ese 55%, ya que ese terreno restante no puede permanecer rústico en mitad de una zona urbanizada. Si el propietario no puede afrontar los enormes gastos que todo eso conlleva, el 55% restante le es también expropiado, es decir, que como no tenga una economía saneada, se quedará sin ninguna tierra en absoluto. (una parcela corriente, no demasiado grande, conlleva unos gastos de recalificación que pueden rondar fácilmente los 20 millones de pesetas, 120.000 euros, o más).
O sea que la secuencia de acontecimientos es esta:
-Las constructoras solicitan una licencia de obras.
-Para que el alcalde y concejal correspondiente accedan a conceder esas licencias, las constructoras les sobornan.
-El ayuntamiento concede entonces las licencias, y la constructora las paga.
-El ayuntamiento expropia los terrenos a sus antiguos propietarios, el 45% si es para edificar casas o serevicios, y el 100% si es para una carretera por ejemplo.
-Todo el terreno no expropiado debe ser urbanizado.
-Los gastos de la urbanización y/o recalificación de cada metro cuadrado corren a cargo de su propietario.
-Si el propietario no puede afrontar esos gastos, se le expropia el terreno que aún le quede.
Un ejemplo nada atípico de lo que puede ocurrir: si un trabajador había comprado una parcela de 1000 metros, parta contruir en el futuro un chalet de 200 metros con 800 metros de jardín (por ejemplo), le expropian 450 metros. En lo que le queda, si construye ese chalet de 200 metros, ¡ya sólo le quedan 350 metros para el jardín! Y eso suponiendo que pueda afrontar los gastos de urbanización y recalificación (en su caso, varios millones de pesetas, cerca de 20), porque si no, le expropian los 550 metros que aún le quedan. En definitiva, si el sueño de su vida era construir un bonito chalet para sus hijos, el sueño de su vida se ha ido por el retrete.
En aquél rústico lugar en el que soñaba levantar una casita, ahora se elevará una urbanización de lujo, en donde vivirán otros, en cuyos jardines jugarán los hijos de otros, y cuyo paisaje ya no podrá reconocer. Todo ello, porque su alcalde (a quien probablemente conoce personalmente) así lo ha autorizado. El alcalde se hace rico, las constructoras se hacen aún más ricas, los nuevos habitantes del lugar (que de nada tienen la culpa) disfrutarán de su nueva vivienda, edificada sobre una tierra que anteayer perteneció a otro.
Y eso sin tener en cuenta las implicaciones emocionales: terrenos comprados con el treabajo de una vida, o heredados de los padres o los abuelos, en donde quizá el propietario jugó de niño, donde soñó vivir al jubilarse, o donde, quién sabe, quizá enterró las cenizas de algún familiar. Todo ello, que es todo lo que constituye la vida y el bienestar de una persona, queda arrasado por "la ley".
Esta es la ley que tenemos. Esta es la ley que el PP, con su mayoría absoluta y su liberalismo, no ha cambiado ni piensa cambiar. Esta es la ley que el PSOE, con sus ínfulas de progreso y con su mayoría absoluta no cambió en su día, ni piensa proponer que se cambie, ni cambiará . Esta es la ley que IU, la amiga de los trabajadores, no denuncia ni piensa denunciar. Esta es la ley que ni PNV, ni CIU, forzarán a cambiar para poner en evidencia su superioridad moral sobre el autoritario estado español. Esta es la ley que nadie denuncia, que nadie modificar, que a todos conviene. Porque TODOS GOBIERNAN, todos tienen ayuntamientos en su poder, todos se enriquecen con esto.
¿En qué partido, en qué ideología se puede creer y confiar al contemplar algo así? Es sonrojante, indignante, repugnante, contemplar la manera en que todos se ponen de acuerdo para callar, en que van de la mano y olvidan sus ideologías y cantinelas cuando todos maman del mismo biberón.
El PP presume de liberal, de creer en el libre mercado. Entonces, ¿por qué no aplican lo que dicen? Que haya un libre mercado: que se proteja aquellos paisajes que quepa proteger, y que dejen el resto para que construya quien quiera o pueda. Así, el propietario de ese terreno de 1000 metros, en el que DE TODAS MANERAS SE VA A CONSTRUIR, no se verá expropiado, asaltado, robado. Si la avariciosa constructora quiere edificar en su terreno, QUE LE HAGA UNA OFERTA, y que el propietario la pueda aceptar o rechazar, si cree que vender su terreno le compensa.
El PSOE e IU presumen de estar al lado de los trabajadores. Entonces, ¿por qué no denuncian todo ésto? ¿por qué se le puede expropiar a un ciudadano modesto para construir lugares de lujo para otros más afortunados?
En este pueblo del que hablo, está uno de los últimos pastores de ovejas tradicionales que quedan en la zona, si no el último. No cría sus ovejas en saturadas e inhumanas granjas, sino que las saca diariamente a pastorear por el campo, con lo que los animales viven mejor y más felices, y su carne es mejor y más sana para el consumo. Pronto tendrá que dejar su viejo oficio, cuando en el paraje en que pastorea su rebaño hayan chalets y carreteras.
¿Dónde están los progres, los amigos de las causas perdidas? ¿no nos llenamos la boca con la ganadería natural, con la agricultura ecológica, con la belleza de los paisajes y la necesidad de que existan árboles? Yo sigo atentamente las noticias relacionadas con este asunto, y no veo las denuncias, no leo los artículos, casi nadie dice nada.
Por supuesto, cuando se disparan los precios de la vivienda nos llevamos las manos a la cabeza y le buscamos mil y una explicaciones. Bueno, es muy simple, ¿queremos que baje el precio? Entonces, hagamos bajar el precio del suelo. Y el suelo es caro, porque los ayuntamientos hacen con él lo que quieren, y para construir hay que pagar el metro cuadrado de terreno, acompañado de sus correspondientes sobornitos.
Conozco muchas personas que podrían haberse construido una casa, y ya no van a poder. Ahora van a tener que comprar o alquilar una a alto precio, y entrar a formar parte de la demanda.
Todo esta historia no es más que un ejemplo de cómo funcionan las cosas. No es una historia que alguien me haya contado, es algo que está sucediendo hoy y veo evolucionar día a día. Pondré otro ejemplo, igualmente real, y que, para evitar confusiones a los más despistadillos, no ha ocurrido bajo mandato popular sino socialista.
Una calle céntrica de la ciudad de Valencia, bien situada, cerca (para quien conozca la ciudad) de la calle Colón, es decir, una de las zonas en donde las viviendas son más caras. Allí hay un edificio de renta antigua, es decir, de gente que tiene alquiladas sus viviendas desde hace treinta, cuarenta, incluso cincuenta años, y que pagan un alquiler muy bajo -pues las leyes impiden subirles el alquiler más allá de una determinada cantidad. Viven en el edificio personas mayores en su mayoría, gente que residió allí "toda la vida", y un par de familias.
Comienzan a correr rumores de que el edificio va a ser declarado en ruinas, rumor que toma visos de realidad cuando unos inspectores del ayuntamiento lo examinan y declaran su mal estado. Se le hace una oferta de indemnización a los vecinos, oferta que, necesariamente, ha de ser aceptada por unanimidad. La oferta es baja, y aunque algunos de los vecinos, asustados, están dispuestos a aceptarla, otros, que ingenuamente creen que se respetarán sus derechos y se les indemnizará adecuadamente, se niegan. Al no haber unanimidad, la oferta no se hace efectiva, y es retirada. En ningún caso se plantea la posibilidad de mejorarla.
A algunos vecinos (generalmente los más jóvenes que aún trabajan y tienen mayores posibilidades de mudarse) se les indemniza "bajo cuerda" (verídico) para que abandonden el edificio sin crear mayores problemas. No conozco la cantidad exacta que se les dió, pero imagino que no sería mucho, y meses después fue un secreto a voces que aceptaron porque "alguien" les adelantó que el edificio iba a ser declarado en ruinas y que no había manera de evitarlo (¿realmente se sabe que una vivienda va a ser declarada en ruinas antes de que ocurra? parece ser que sí, por lo tanto, el Ayuntamiento y las constructoras no necesitan arriesgarse demasiado con las indemnizaciones: la cosa está ya decidida de antemano).
Otros vecinos, curiosamente las personas ancianas, no reciben esta "oferta" de "indemnización bajo cuerda". No sé exactamente a qué se debe esto, tal vez pensaban que las familias más jóvenes podían plantar más cara en los tribunales o incluso en los medios de comunicación y que era preciso convencerlas para que se marchasen de forma que luego no pudieran reclamar, mientras que los ancianos estaban más indefensos. Pero esto es sólo una especulación mía, no sé realmente el motivo y lo único que puedo hacer es imaginarlo. Lo cierto es que este "pago" irregular no le fue ofrecido a todos los vecinos, y sólo se supo después de terminado todo el asunto, porque algunos de los "beneficiarios" lo confesaron en "petit comitée".
Estas familias se marcharon, pero varios de los inquilinos permanecían en su hogar con la esperanza de que se les indemnizase adecuadamente, de manera que, si tenían que buscar otra vivienda y dejar aquella en la que estaban tan arraigados, al menos estarían económicamente respaldados.
Pero, una vez las familias más jóvenes se hubieron mudado, el edificio es declarado legalmente en ruinas. Ya no queda opción: los inquilinos están obligados a abandonarlo, la policía lo acordona por el peligro de derrumbamiento. Los vecinos tienen un corto plazo de tiempo para retirar sus pertenencias. Algunos muebles antiguos de gran tamaño o peso (por ejemplo, un piano) no pueden ser retirados, y sus dueños se ven obligados a abandonarlos (¿qué fue de ellos? ¿quién se los quedó? buena pregunta)..
Seguidamente, el edificio no es derruido ni nada por el estilo. Se le concede a una inmobiliaria licencia para remodelarlo, a “cambio” de que respete su fachada y refuerce la estructura. Así se hace: la fachada se limpia y restaura, la estructura del edificio es reforzada, se le instala un ascensor (que no tenía hasta entonces) y se remodelan las antiguas viviendas de renta antigua que ahora se han vendido como apartamentos de lujo, céntricos, bien situados en una calle “fashion”, y vendidos a precios astronómicos.
De todo esto, los únicos que no se benefician son los antiguos inquilinos, que han sido desplazados desde el centro a la periferia de la ciudad. A nadie en ningún partido del Ayuntamiento se le ocurrió, tras declarar la ruina, remodelar la estructura y devolver las viviendas a sus antiguos moradores, que no fueron desalojados por incumplir ningún pago, ni ningún impuesto, ni ninguna ley.
Vivimos pues en un país donde la propiedad privada no es respetada. Las propiedades pasan de unas manos a otras, exiguas indemnizaciones mediante, y el suelo no es tratado como cualquier otra posesión, es decir, según los criterios del mercado, o al menos, para los no mercantilistas, según los criterios de la ética. Ningún partido político está dispuesto a cambiar las leyes, cuando tratan el asunto lo hacen de manera tangencial, tendiendo siempre al electoralismo o la mera demagogia, pero jamás enfrentan la realidad de la ley, no cuestionan el núcleo fundamental de su funcionamiento. A lo más que llegan es a proponer penalizar fiscalmente a los propietarios de viviendas vacías que no salen al mercado, y en el caso de algún partido concreto, a ponerse del lado de los “okupas”, quienes no hacen sino transgredir también la propiedad privada.
(continuará, que os sea leve)